Crisis, ética, moral y valores

Declaración elaborada por 62 intelectuales del ámbito académico, jurídico, económico y empresarial como reacción a la gravedad de la crisis económica e institucional que padece España.

1.- La actual crisis económica, cuyos efectos sociales más inmediatos son fundamentalmente la destrucción de empleo y del tejido empresarial, requiere, para su superación, un acertado diagnóstico de las causas que la impulsan y de las que han provocado la especial incidencia que tiene sobre nuestra economía. Entre éstas, y por su importancia, no hay que ignorar aquéllas que tiene su origen en una profunda crisis de valores humanos, cuyo restablecimiento ha de ser paralelo a la adopción de las medidas técnicas necesarias para salir de la actual situación.

2.- Conscientes de lo anterior, la única intención de quienes han participado en esta iniciativa no es otra que concienciar a nuestra sociedad de la gravedad de la actual situación y de la necesidad de reaccionar frente a la misma con el apoyo de todos, especialmente de quienes, por su experiencia, independencia, reconocimiento social, profesional y académico pueden contribuir a superarla.

3.- Los beneficios del Estado del Bienestar han sido erróneamente interpretados, transformando nuestra sociedad y deteriorando sus valores, comprometiendo gravemente el principio de responsabilidad de nuestros propios actos. Hemos transitado desde la cultura del sacrificio a la del menor esfuerzo posible; de la del ahorro a la del consumo; de la del ser a la del tener; del respeto y protección de la dignidad individual de la persona a la egoísta satisfacción de intereses particulares; de la previsión a la improvisación.

4.- La crisis financiera es un reflejo de este deterioro. La fiscalidad, también. La insistencia en hacer justicia a través de los ingresos olvidando el necesario rigor en el control y austeridad del gasto, desfigurando incluso el propio sistema tributario con privilegios fiscales indiscriminados y normas no siempre justas, es un vivo ejemplo del mismo.

5.- Sin perjuicio del necesario control que el Estado debe ejercer sobre las actividades económicas que se consideren estratégicas para el interés general, la iniciativa privada y el libre mercado continúan siendo la principal fuente de riqueza y de creación de empleo. Mantener la capacidad de la empresa para generar riqueza y empleo exige reformas que, entre otros objetivos, eviten y rechacen comportamientos impropios respecto a los límites morales o éticos de la conducta humana, excluyendo de igual forma la relativización del bien y del mal y su sustitución por la moral de conveniencia del éxito a corto plazo. La economía de mercado sólo es imaginable si existe el Estado para tutelar la libertad y corregir efectos indeseables. La economía social de mercado que consagra nuestra Constitución reconoce esta simbiosis y exige para el diseño de nuestro modelo económico y social un compromiso cierto entre ambas instituciones.

6.- Aunque la economía se ha globalizado, no existe una Autoridad global. Es por ello necesario adoptar, de forma coordinada y urgente, medidas internacionales que impidan actuaciones deshonestas de operadores económicos que se amparan en la dispersión mundial de los poderes públicos.

7.- Es pues necesario asentar las bases de un nuevo modelo de sociedad, en el que ética, moral y valores humanos tengan un lugar preeminente.

8.- Superar la grave crisis económica que afrontamos exige, en nuestro país, distinguir entre medidas coyunturales y reformas estructurales que asienten los pilares del nuevo modelo de sociedad.

9.- En cuanto a las medidas coyunturales, consideramos necesario mejorar la aplicación del gasto público; adaptar excepcional y urgentemente nuestro ordenamiento jurídico al actual entorno de crisis; permitir que de forma extraordinaria las empresas aplacen sus pagos al Tesoro Público; reducir los costes fiscales y sociales de empresas y trabajadores; e imponer controles para que el crédito de las entidades financieras que se benefician de ayudas públicas, fluya de inmediato a empresas y particulares. Si bien es socialmente necesario ayudar a quienes tienen dificultades económicas, no hay que olvidar que es prioritario garantizar la continuidad de nuestro tejido empresarial y evitar, por tanto, la destrucción de empleo.

10.- Respecto a las reformas estructurales, es prioritaria una reforma educativa que garantice el nivel de formación y la futura competencia profesional de los jóvenes, y que incentive el esfuerzo, la formación humana y social e invierta en formación continuada. Es igualmente prioritaria una reforma de la Justicia, no sólo para dotarla de los medios necesarios, sino también para que nuestro país sea un referente para la inversión y el desarrollo económico. Para ello es necesario garantizar los pilares básicos del Estado de Derecho: el respeto a la ley, el orden público y económico, el cumplimiento de los pactos y contratos, la seguridad en la reclamación de lo debido, la certeza de una resolución en tiempo y la plena independencia del poder judicial.

11.- Es igualmente importante sentar las bases jurídicas de una gestión del gasto público con criterios de eficiencia, eficacia, control y transparencia como pieza angular de la acción política, intentando evitar los obstáculos que en ocasiones crea la superposición de distintas Administraciones para el buen funcionamiento del mercado. De igual importancia es apostar por las nuevas tecnologías, por la innovación con tecnología propia, por las energías renovables y alternativas, por la investigación y desarrollo, por la productividad, por recuperar la industria que se ha deslocalizado y por un tejido empresarial competitivo; y adoptar decisiones en temas muy sensibles como el envejecimiento de la población, la sanidad pública, el Estado de las Autonomías y el sistema tributario, sin olvidar la urgente necesidad de establecer mecanismos eficaces que erradiquen la corrupción.

12.- Las consecuencias de no adoptar las medidas coyunturales y estructurales necesarias, pueden transformar la actual crisis económica y política en una convulsa crisis social de imprevisibles consecuencias. Resulta por ello urgente superar la desconfianza, el desánimo, la indiferencia y el desengaño de la ciudadanía hacia la política.

13.- Es así mismo necesario distinguir entre dos tipos de crisis que en nuestro país se solapan hasta confundirse: una productiva, de carácter cíclico, y otra financiera, inédita y de marcado origen social y de deterioro de valores. Las medidas técnicas para corregirlas son en uno y otro caso distintas. No obstante, y para una mejor comprensión de las presentes reflexiones, nos hemos referido a ellas indistintamente.

14.- Trazar con firmeza las líneas maestras de las reformas que nuestro país necesita es tarea de quienes vivimos y trabajamos en él. La participación de la sociedad es ahora más necesaria que nunca. Por ello, hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía, a las instituciones civiles y sociales, a los diferentes estamentos universitarios, a las patronales y sindicatos, a las corporaciones profesionales, a los medios de comunicación y en general a todos los que integramos la sociedad civil, a reflexionar objetiva e independientemente sobre la situación que atraviesa España, y a contribuir a superarla aportando propuestas, suscitando el necesario debate social y participando activamente en el mismo.

El objetivo de esta participación es que los poderes públicos acometan las reformas coyunturales y estructurales necesarias, con la generosidad y amplitud de miras del trabajo conjunto por el objetivo común. La participación de todos los agentes sociales constituye una necesidad estratégica para proyectar nuestro país más allá del escenario incierto y borrascoso que nos abruma.